Aguas de Valencia ha presentado un escrito al juzgado número 1 de Valencia para que ejecute forzosamente la sentencia dictada en 2012 y declarada en firme en 2015 en la que se anula la adjudicación del servicio de abastecimiento de agua en Silla a la empresa Hidraqua y obliga a retrotraer los actos a la mesa de contratación. La empresa interpreta que el proceso judicial debería finalizar con la adjudicación del servicio a Aguas de Valencia

El Ayuntamiento de Silla considera que la sentencia ya se está ejecutando, tal y como ha hecho saber al juzgado mediante la presentación de un recurso de reposición. En cumplimiento de dicha sentencia, el nuevo equipo de gobierno, del cual Esquerra Unida forma parte, ha optado por elaborar un estudio de viabilidad de las distintas formas de gestión directa de los servicios municipales, analizando las ventajas e inconvenientes que presenta cada tipo de gestión directa. Si se demostrara la viabilidad del servicio a través de la gestión municipal, se renunciaría a continuar con el procedimiento de licitación, y se presentaría a continuación la memoria justificativa jurídica, social y económico-financiera que permita adoptar al Consistorio las decisiones que mejor convengan a los intereses de las vecinas y vecinos de Silla.

Este auto judicial llega a pocas semanas de finalizar el estudio para acreditar la viabilidad de la gestión municipal del servicio, contratado a una consultora experta en la gestión integral del agua. Según fuentes consultadas, la realización de dicho estudio ha resultado compleja debido a la falta de recursos y también a la ausencia de control y de información que el Consistorio tenía sobre la empresa que gestiona actualmente el servicio del agua.

La maniobra por parte de la empresa Aguas de Valencia parece tener su reacción en la denuncia que nuestro concejal, Valentín Mateos, realizaba unos días antes en la Cadena Ser. En su intervención, Mateos destapaba las sospechosas adjudicaciones directas de la EMSHI en las obras de EMIMET que benefician a Aguas de Valencia.

Desde EUPV, Valentín Mateos, concejal responsable del servicio de agua, recuerda que “el servicio de abastecimiento y saneamiento es un derecho humano reconocido por la Asamblea de Naciones Unidas y que su  gestión ha de responder a criterios de sostenibilidad y justicia social y no a intereses de mercado que encarecen el precio del agua para que las empresas puedan tener beneficios”. Por este motivo, Mateos ha solicitado que se presente el correspondiente recurso de reposición y se expliquen los trámites que el Ayuntamiento ha hecho en cumplimiento de la sentencia.